Home Quienes
Somos
Servicios Mejore su
Crédito
Deudas
Pagadas
Deudas mayores
de 5 años
Novedades Seguimiento
de trámites
Contacto

Novedades

UN BANCO DEBE INDEMNIZAR A CLIENTE

Viernes 30 de Julio de 2010

Condenan a un Banco a Resarcir a un cliente por cerrarle la cuenta.-

Se consideró agraviado tras un fuerte aumento en los costos de mantenimiento de su paquete de servicios y decidió presentar su queja ante Defensa del Consumidor. La entidad bancaria resolvió en forma intempestiva dar por terminado el contrato y la Justicia obligó a indemnizar al usuario. El caso
El alcance de la responsabilidad de los bancos, frente a los reclamos de sus clientes, genera de por sí fuertes polémicas y controversias.




Esto es así porque se parte de la base de que estas entidades son consideradas la parte "fuerte" en relación a quienes utilizan sus servicios y que, por esta razón, se supone que deberían tomar recaudos especiales en materia de seguridad, provisión de información en caso de modificaciones de los términos pactados, entre otros aspectos.

En esta oportunidad, se trató de un matrimonio, ambos clientes del Banco Río, que fuera adquirido por el Santander. Tras un importante aumento en los costos de mantenimiento de su cuenta bancaria, se sintieron agraviados e iniciaron un reclamo. Ante ello, la entidad resolvió dar por terminado el contrato y esto disparó un conflicto que derivó en la participación de Defensa del Consumidor y hasta tocó las puertas de los tribunales.

Como resultado, la Justicia determinó que la entidad debía resarcir al usuario por daño moral y asumir las costas judiciales.

Los jueces tomaron esta decisión en la causa: "Farenga Juan Antonio y otro, c/Banco Río de la Plata SA s/sumarísimo” (Fallo completo provisto por microjuris.com.ar).

Detalles de la causa
Juan Antonio Farenga e Hilda Nora Palacios de Farenga abrieron una cuenta en la sucursal Vicente López del Banco Santander Río donde les exigieron, a tal efecto, contratar un seguro de vida colectivo. Las pólizas eran de $10.000 cada una y las primas se debitaban de la referida cuenta.

En marzo de 2006, el matrimonio solicitó que la entidad reconsiderara la aplicación de un aumento del 90% sobre los gastos por mantenimiento de la "cuenta única”.

Sin embargo, según afirmaron quienes entablaron la demanda, el banco no dio explicaciones del desmesurado incremento, lo cual detonó el conflicto. Además, sostuvieron que no habían sido respetadas las condiciones pactadas y que se había violado el deber de información.

En consecuencia, acudieron a la Dirección General de Defensa de los Consumidores para presentar su denuncia.

Mientras tramitaba la causa, de forma unilateral, la entidad resolvió acreditar en la cuenta bancaria los importes cobrados en exceso. No obstante, envió una carta documento a los clientes notificándoles que había decidido dar por finiquitado el vínculo y también los intimó al pago de un saldo pendiente correspondiente a la tarjeta de crédito Visa.

Entonces, los Farenga comunicaron lo acontecido a Defensa del Consumidor y contestaron con una carta documento a fin de que se les indicara si la rescisión dispuesta había alcanzado a los contratos de seguros.

Por idéntico medio, la entidad financiera les hizo saber que mientras durara la medida de no innovar, dispuesta por Defensa del Consumidor, la cuenta y los seguros relacionados mantenían su operatividad.

En este contexto, los clientes aseguraron que, pese a la vigencia de la medida cautelar, el banco continuó incumpliendo, pues omitió brindarles información vital sobre la tarjeta de crédito y los colocó en estado de indefensión y precariedad.

Ante la falta de conciliación entre las partes y frente a la imposibilidad de poder ir más allá en la resolución del conflicto, a través de Defensa del Consumidor, el matrimonio no encontró más alternativas que recurrir a la vía judicial para reclamar por los perjuicios sufridos.

En este sentido, calificaron de injustificada la rescisión contractual y solicitaron a la Justicia que se condene al banco al pago de los intereses, costos y costas del juicio.

La entidad, luego de desestimar los hechos expuestos por los clientes solicitó que se rechazara la pretensión resarcitoria argumentando que:

Comunicó, con suficiente antelación, el aumento de la comisión por mantenimiento y que había dado a los clientes la opción de desvincularse del banco.
Que el cargo por mantenimiento de la cuenta quedaba a criterio del proveedor del servicio y que éste era similar al de los bancos de primera línea.
También sostuvo que en sede administrativa obró de buena fe y que había ofrecido bonificar el cuestionado cargo por 6 meses.
El banco afirmó que los clientes se mostraron renuentes frente a la propuesta y que pretendieron que se mantenga de por vida el costo de $18.
En este escenario, según la entidad, se acató la medida de no innovar dispuesta por Defensa del Consumidor -tan pronto como le fue notificada- y se mantuvo la cuenta y la tarjeta Visa habilitadas pese a que la pareja había dado de baja esta última. También adujo que no encontró opción y que, por ende, debía rescindir el vínculo –para lo utilizó una carta documento-.

En tanto, el banco detalló el contenido de los resúmenes de tarjeta de crédito y aseveró que el señor Farenga contribuyó a crear una situación confusa al dar de baja el plástico. De hecho, a escasos días, el servicio debió ser rehabilitado por la entidad bancaria en razón de la medida cautelar dispuesta en sede administrativa.

Por otra parte, indicó que el reclamo de los clientes para recuperar el importe de los seguros de vida era absurdo y que, en relación al rubro daño moral, éstos no habían especificado cómo fueron afectados y que tampoco ofrecieron pruebas.

En este marco, la Justicia admitió parcialmente la pretensión resarcitoria solicitada por los usuarios contra el Banco Santander Río y, condenó a este último a pagarles la suma de $20.000 en concepto de daño moral más intereses.

Para resolver de este modo, los magistrados juzgaron que la entidad bancaria hizo uso de la facultad rescisoria sin invocar la existencia de causa que motivó la decisión y, por ello, debía responder por los daños causados.

“Máxime cuando, el banco no aportó a la causa el contrato suscripto con los actores y no brindó explicaciones acerca de las razones para modificar las condiciones originariamente acordadas”, según surge del expediente.

Además, concluyeron que debía resarcirse el daño moral pues eran "evidentes" los padecimientos que debieron soportar los clientes, a partir del pedido de reconsideración del aumento de los gastos de mantenimiento de la cuenta.

Por el contrario, consideraron que no cabía reparar el perjuicio patrimonial porque los actores no acreditaron la imposibilidad de contratar otros seguros de vida en similares condiciones a aquéllos que se encontraban vinculados a la cuenta que mantenían con el banco.

Las costas del proceso, fueron impuestas íntegramente a la entidad bancaria.

Opinión de especialistas
Para Eduardo Farinati, especialista en derecho bancario, los camaristas “aplicando el derecho de los consumidores a ser informados con certeza, consideraron que el banco no había informado adecuadamente a los usuarios. Ya que no consignó en los resúmenes de cuenta los datos sobre la tarjeta de crédito”.

“Esta circunstancia repercutió negativamente en la faz anímica de los clientes desde que, cuanto menos, les generó incertidumbre respecto de la planificación de sus gastos, quedando configurado, de esta manera, el daño moral”, destacó el abogado.

“Si bien es correcto que la entidad bancaria no había cumplido con el estándar profesional que le es requerido, la conclusión a que arribó el tribunal se rozaría con los límites impuestos por el principio de colaboración que debe primar entre las partes y, en especial, en materia de tarjetas de crédito donde este principio cobra gran importancia”, indicó el experto.

Farinati además remarcó sobre la sentencia que ésta admite, por tratarse de un contrato de duración en el tiempo, que el banco pueda unilateralmente modificar los costos de mantenimiento de las cuentas y de rescindir el contrato. En especial, cuando uno de los productos era una tarjeta de crédito, donde el emisor no está facultado a rescindir el contrato en forma unilateral e incausada. En este sentido, consideró que la solución del tribunal “resulta auspiciosa porque permitiría abrir una brecha a la restricción impuesta para las tarjetas de crédito”.

“Es necesario aclarar que el emisor siempre deberá actuar dentro de un marco de razonabilidad y conforme a los límites impuestos por la buena fe”, destacó.

Farinati afirmó que este fallo mantiene la sana corriente jurisprudencial de exigir la prueba del perjuicio patrimonial a quien lo reclama, con motivo del incumplimiento del banco. Es decir, no basta la culpa del banco para que corresponda la indemnización por ese motivo.
“El cliente deberá probar que los daños se han producido por dicho incumplimiento, salvo que le fuera imposible y el banco estuviera en mejores condiciones para aportar pruebas al respecto”, agregó.

Este último supuesto no fue lo que sucedió en el caso, pues como indicaron los jueces, los usuarios podían haber justificado “su versión con el sólo acompañamiento de solicitudes de ingreso a un seguro, rechazadas por las diversas compañía que operan en ese mercado”, concluyó Farinati.

Andrés Ormaechea, socio del estudio Salvochea, indicó que, cuando el público en general utiliza los servicios de un banco, se recurre generalmente a contratos escritos en formularios, en los que el consumidor-usuario no tiene posibilidad de discutir o modificar cláusulas.

Por este motivo, el abogado destacó que, para balancear esta diferencia de poder negociador y proteger al público consumidor, la ley establece algunas reglas especiales como la de defensa del Consumidor a las cuales deben someterse estos contratos.

En este caso, no se le impuso responsabilidad al banco por haber finalizado el contrato, puesto que había avisado al cliente con la suficiente anticipación.

Pero sí, -aclaró el abogado- condenó a la entidad a indemnizar el daño moral ocasionado al cliente porque, luego de restablecer nuevamente los servicios, no proveyó toda la información que debía referida a una tarjeta de crédito asociada a la cuenta, incumpliendo así el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor.

“Curiosamente, pareciera que la información de la que el cliente se vio privado era solamente la fecha de cierre de la tarjeta, por lo que se aprecia la rigurosidad con que los tribunales aplican las normas de la Ley de Defensa del Consumidor cuando se trata de bancos; y esto lleva a cuestionarse el impacto que estas decisiones tienen en el aumento de costos de los servicios bancarios”, concluyó Ormaechea.

En esa línea, Facundo Malaureille Peltzer del mismo estudio, explicó que el deber de informar a los clientes por parte de las empresas -en este caso el Banco Santander Río- es inexcusable.

“La entidad debe extremar sus acciones para que el consumidor sepa y conozca todas las características que lo unen con el banco y si éste decide tomar una decisión –por ejemplo, no continuar con un contrato- debe hacérselo saber al cliente con la debida antelación y, en su caso, explicar las razones que motivan su decisión.

Por eso, Malaureille Peltzer concluyó que siendo el banco quien pone las reglas y por ser considerado la parte "fuerte" en la relación, debe ponerle mucho esfuerzo en sus relaciones para no dar lugar a reclamos o quejas de los clientes.

En nuestro sistema actual, las entidades deben poner mucho esfuerzo para dar cumplimiento con la normativa de defensa del consumidor, protección de datos personales -entre otras- y evitar así los eventuales reclamos de sus clientes, finalizó el abogado.

Fuente: ( Infobae Profesional )
http://www.iprofesional.com/notas/101875-Dano-moral-condenan-al-Santander-Rio-a-resarcir-a-un-cliente-por-cerrarle-la-cuenta.html



Ingresar comentario




Archivos Relacionados

No hay archivos relacionados.



Comentarios

No hay comentarios relacionados.

Solución Crédito: Av. Alvarez Jonte 5365.- CABA (1407) - (011) 4566-3918 - info@solucion-credito.com.ar
Solución Crédito - Solución Veraz - Salir de Veraz - Salir de BCRA